La decisión del Gobierno de retirar de Contraloría la adjudicación de la consultoría para el tren Santiago–Valparaíso ha generado debate político, siendo considerada por algunos sectores como un freno al desarrollo regional y a la conectividad del país.
El Gobierno resolvió retirar desde la Contraloría General de la República la resolución que adjudicaba la consultoría para el desarrollo del proyecto ferroviario que busca unir Santiago con Valparaíso.
La medida afecta directamente al contrato que contemplaba la realización de estudios técnicos para esta iniciativa, ampliamente esperada por las comunidades de la región de Valparaíso y zonas cercanas. El proyecto considera mejorar la conectividad entre ambas ciudades y potenciar el desarrollo territorial.
Desde el Ejecutivo, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, defendió la decisión señalando que responde a un contexto económico complejo, marcado por un importante déficit heredado de la administración anterior, lo que obliga a reevaluar este tipo de inversiones.
Sin embargo, desde la oposición surgieron críticas a la medida. La senadora Karol Cariola manifestó que la decisión representa un obstáculo para los avances en descentralización impulsados previamente, enfatizando que una mejor conexión entre Santiago y Valparaíso no es un lujo, sino una necesidad para los habitantes de ambas regiones.
El proyecto ferroviario contemplaba un trazado de aproximadamente 172 kilómetros, pasando por localidades como La Calera y conectando posteriormente con Limache, Viña del Mar y Valparaíso, utilizando parte de la infraestructura existente.
Además, se proyectaba que el recorrido entre Quinta Normal, en Santiago, y el sector de El Salto, en Viña del Mar, pudiera realizarse en cerca de una hora y media, con una eventual puesta en marcha estimada para el año 2030. Esta iniciativa también prometía beneficios para comunas como Tiltil y Llay-Llay, mejorando su conectividad y desarrollo.
Fuente Biobiochile
Fotografía ChicureoHoy
